El arma, una pistola semiautomática Glock que supuestamente fue comprada en Arizona, Estados Unidos, habría sido accionada por un adolescente de 14 años, detenido en flagrancia, quien rechazó los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas formulados por la Fiscalía, pese a que en un primer momento afirmó “lo hice por plata, por mi familia”.
Mientras avanzan las investigaciones por el atentado al político de 39 años, el suroeste de Colombia se vio sacudida el 10 de junio por 24 atentados con bombas y armas de fuego cercas de comisarías policiales, atribuidos a las disidencias de las FARC-EMC, que dejaron un saldo de siete muertos y al menos 28 heridos,
Colombia, caracterizada por la violencia a raíz del conflicto armado que vive desde hace más de seis décadas con los grupos guerrilleros y paramilitares al noreste del país, parecía haber dejado en el pasado los magnicidios, tras una época sangrienta, en la que fueron asesinados tres candidatos presidenciales entre 1989 y 1990, con el sicariato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995.
“La situación en Colombia en cuanto a magnicidios se había pausado, pero la realidad es que la violencia ha retornado de manera espectacular. Colombia está hoy pasando por un momento de extraordinaria violencia, quizás una violencia no vista desde la guerra contra las FARC (entre 1988 y 2002), de los peores momentos”, explica el politólogo Eduardo Gamarra, especialista en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de Florida, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Retroceso de 30 años z6qe
El analista político y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, Germán Sahid, señala que el país, que había logrado superar la violencia política gracias a la consolidación de la Constitución de 1991 que permitió que los gobiernos mantuvieran “control” y la “fuerza” del Estado de todo el territorio dada la “armonización” de las políticas nacionales con los municipios, “retrocedió 30 años” desde la llegada de Petro al poder, debido a que con su “talante ideológico y autoritario, y a su política de ‘paz total’”, fragmentó la autoridad del Estado, la calibración de políticas públicas y la legitimidad institucional.
“El Estado, de una manera muy rápida, erosionó su capacidad institucional. Perdimos en tres años lo que habíamos logrado ganar en 30 años. Se demostró que el Estado colombiano es muy frágil y que no ha logrado estabilizarse para que, independientemente de quién gobierne, el Estado siga funcionando”, apunta.
Esto, continúa, dejó que los grupos armados organizados aumenten su control territorial y, a su vez, su capacidad de afectar las instituciones y las personas, por lo que responsabiliza al gobierno de Petro del atentado contra Uribe Turbay. “La intención del gobierno de patear el tablero institucional, de imponer un diseño de paz abiertamente contrario a la estabilidad territorial, fragmentó las áreas geográficas y les permitió a los grupos armados organizados tener mayor capacidad de acción para cometer actos violentos criminales”, asevera.
Varios factores c4u3c
El analista Eduardo Gamarra atribuye el recrudecimiento de la violencia política en Colombia al creciente mercado del narcotráfico, que hacen que el país cafetero sea el principal productor y exportador de drogas a EEUU, incluso mayor a la época de Pablo Escobar. Esto, además, ha incrementado las pugnas entre grupos irregulares y organizaciones criminales por el monopolio de la droga.
Aunque la expansión del narcotráfico colombiano tuvo un aumento significativo gracias a las “concesiones” hechas por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018) a las FARC, con la que se negoció como si fuera un grupo de reivindicaciones sociales en lugar de criminal, el experto en relaciones internacionales considera los “acuerdos de paz” promovidos por Petro apuraron su curso.
“El presidente Petro aceleró el proceso, entrando con la idea de que había que legalizar la cocaína y que había que negociar con el ELN y con grupos de narcotraficantes, como si fueran grupos de sindicalistas (...) Al final, terminaron con el tema del Catatumbo (con los ataques registrados a inicios de año)", subraya.
A esto se suma la crisis creada por el régimen de Maduro en Venezuela, que llevó al país cafetero a recibir una migración sin precedentes de más de dos millones de venezolanos, entre ellos criminales y pandilleros, de la organización del crimen transnacional Tren de Aragua. “La mayoría de los inmigrantes venezolanos son personas buenas, pero quizás Colombia es el país que más recibió pandilleros venezolanos”, señala.
El “discurso incendiario” de Petro habría exacerbado a fuerte polarización colombiana, lo que habría contribuido a azuzar el escenario de violencia política, especialmente, a partir del 1 de mayo, cuando en su intento de imponer sus reformas socialistas mediante consulta popular, sacó la histórica bandera de “guerra a muerte” usada por Simón Bolívar en la lucha independentista.
Las alocuciones de Petro, que conducen a “la polarización, a la violencia verbal e ideológica”, vulneran, de acuerdo con analista Germán Sahid, el artículo 188 de la Constitución, que le concede el deber de ser “símbolo de la unidad nacional” y garante del orden constitucional. “El presidente es un personaje completamente antidemocrático, que se siente cómodo en el caos”, opina el experto.
El comienzo 422p65
Tras el atentado de Uribe Turbay, la periodista Vicky Dávila y el expresidente Álvaro Uribe Vélez han denunciado posibles atentados en contra de ellos y de líderes políticos opositores, en medio de un año electoral que los expertos estiman sea “extraordinariamente duro”.
Colombia vuelve a revivir así el temor de que se desencadenen una serie de ataques y magnicidios, como los registrados en Colombia en la década de los 80 - 90. Este es un escenario que, lamentablemente, Sahid no descarta. Considera que Uribe Turbay representa, al porvenir de una familia conservadora, donde su abuelo, el expresidente Julio César Turbay, atacó duramente a las guerrillas y su madre, la periodista Diana Turbay fue asesinada durante un intento de rescate mientras se encontraba en cautiverio, secuestrada por órdenes de Pablo Escobar.
Cuando ocurrieron estos sucesos, Diana Turbay era vista como “un símbolo” de la oligarquía de derecha, que los grupos armados odian, “en una época donde los diferentes actores legales e ilegales utilizan los símbolos para polarizar”.
Sahid estima que, aunque la fiscalía, a su juicio “muy politizada”, está tratando de enfocar la investigación por el crimen organizado, esta tiene todo el “tinte político”, al ser un atentado contra un candidato opositor. “La investigación está llevada a tratar de investigar el delito, pero enfocado sólo a temas de crimen organizado. Se trata de borrar el tinte político del acto criminal”, apunta.
Colombia, en medio de un escenario de polarización exacerbado por el mandatario en funciones, podría ahora revivir un escenario similar al del pasado, sumándose a una región de por sí violenta, desde la llegada de los gobiernos socialistas a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México, los dos últimos con altos índices de asesinatos políticos en los últimos años.
“El país se encuentra en medio de una ruptura de poderes muy peligrosa. Y cuando el Estado empieza a fracasar y los poderes empiezan a diluirse, en un país como el nuestro, con una geografía complicada, con diferentes actores ilegales, con economías ilícitas, una chispita puede generar una espiral de violencia muy complicada”, subraya Sahid.
ebritodiariolasamericdiariolasamericas.noticiadealagoas.com
@ebritop22